Tag: General News

  • Fact Check: Pregúntale a PolitiFact: ¿Qué son las tarjetas de débito ‘flex card’?

    Muchas publicaciones en redes sociales dicen ofrecer una tarjeta llamada “flex card”, que supuestamente se puede usar para pagar deudas, cubrir costos médicos y comprar comida. Aunque esto puede sonar como una gran solución para muchos, estos videos obvian información importante sobre estas tarjetas.

    PolitiFact ha investigado varias de estas publicaciones y hemos notado que usualmente tratan de estafar y confundir a las personas sobre este beneficio. 

    Estas publicaciones suelen pedir que los usuarios sigan un enlace a una página con preguntas que supuestamente determinarán la elegibilidad para la tarjeta. Sin embargo, estos enlaces y números de teléfono proveídos no suelen corresponder a compañías de seguros médicos legítimas. Al preguntarles sobre la “flex card”, estos no dan respuestas concretas sin antes tener que proporcionarles información privada, como el seguro social. 

    PolitiFact acá te aclara lo que debes saber sobre las flex cards.

    ¿Qué son las flex cards? ¿Quién las provee?

    Las flex cards son tarjetas de débito prepagadas ofrecidas a beneficiarios de algunos planes de Medicare Advantage, los cuales generalmente ofrecen beneficios que el Medicare original no cubre como servicios de visión u odontología. 

    Estas tarjetas pueden usarse principalmente para comprar equipo o servicios médicos aprobados por un médico. Sin embargo, no son proporcionadas por Medicare o el gobierno.

    El Medicare es un programa ofrecido en los Estados Unidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a ciudadanos o residentes de 65 años y más, o menores de edad si tienen discapacidades o fallo permanente de riñón. 

    ¿Quién es elegible para las tarjetas?

    Para ser elegible, la persona tiene que ser ciudadana o residente, tener más de 65 años o una condición crónica y tener una póliza de Medicare Advantage. 

    Pero no todos los planes de Medicare Advantage ofrecen estas tarjetas; la disponibilidad depende de varios factores, incluyendo el estado donde vive la persona. 

    Los videos engañosos sobre las flex cards suelen decirle a los usuarios que solo tienen “24 horas” para aplicar a este beneficio, pero esto no es así. Esa es una táctica de manipulación que usan para urgir a las personas a actuar rápidamente. 

    Aunque las personas tienen que asegurarse de inscribirse durante el periodo de inscripciones abiertas a un plan de Medicare Advantage que ofrezca la flex card, este periodo es de varios meses (del 1 de enero al 31 de marzo).

    Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid recomiendan contactar directamente a su seguro médico para saber si el beneficio es ofrecido con su plan de Medicare Advantage y aplicar con ellos. También puede verificar los beneficios de su plan en la página web oficial de Medicare. 

    ¿Para qué sirven? ¿Qué cubren?

    Lo que puedes comprar con estas tarjetas de débito son servicios y productos específicos, principalmente médicos, y depende de tu plan médico. 

    Estos incluyen:

    • Equipo médico como silla de ruedas o muletas

    • Copagos y deducibles no cubiertos por un seguro médico

    • Prescripciones y medicamentos sin receta

    • Cuidado dental, visión y auditivo

    Aunque los anuncios en redes sociales tienden a ofrecer múltiples beneficios con estas tarjetas como alimentos, gasolina, ropa nueva y zapatos, esto solo pasa en raras ocasiones, ya que un doctor debe ordenar estos artículos médicamente necesarios. También, solo personas con ciertas enfermedades crónicas pueden usar las tarjetas para algunos gastos en comida y comestibles. 

    Y las tarjetas no son vagamente “para todo lo que desees o necesites” como dicen algunas publicaciones.  

    El uso de las flex cards empezó en el 2020, cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid permitieron a las aseguradoras privadas ofrecerlas para servicios específicos.

    ¿Cuánto dinero ofrecen estas tarjetas aproximadamente?

    Las flex cards tienen montos limitados que varían según el plan médico y la compañía aseguradora. Es raro recibir grandes montos como dicen algunas de las publicaciones engañosas. En el 2022, la flex card promedio estaba prepagada con un monto de $500.

    Los fondos en la tarjeta deben usarse durante el año específico en el que el pan fue seleccionado, ya que los planes pueden cambiar el tipo de cobertura que ofrecen anualmente, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

    ¿Por qué se enfocan en Latinos estas publicaciones engañosas?

    Muchas de las publicaciones que PolitiFact ha visto son dirigidas a personas mayores y a Latinos. Este sector de la población puede ser el objetivo de las publicaciones ya que quizás están más aislados mientras sus hijos o nietos están en el trabajo y escuela, dijo Melissa deCardi Hladek, una profesora asistente y principal faculty del Center for Equity in Aging en el Johns Hopkins School of Nursing.

     “Este aislamiento crea espacio para que los estafadores creen confianza y manipulen a los latinos mayores — tras el miedo, a veces una sensación de urgencia si ‘no actúan ahora’”, Hladek dijo.

    Ella también dijo que los latinos mayores pueden ser propensos a ser víctimas ya que ellos tienden a ser más respetuosos y menos conocedores de la tecnología. También son generalmente más religiosos y pueden considerar la oferta en el anuncio como un “milagro”, Hladek dijo. Ella noto que muchos de los comentarios en las publicaciones dicen “amén” a la oportunidad presentada. 

    El hecho de que las publicaciones estén en español también juega un papel importante. 

    Hladek dijo que cuando alguien se comunica con una persona en el lenguaje que prefieren y usan señales culturales más familiares a ellos, la persona puede sentirse más atraída a ese contenido.

    “Si un latino mayor prefiere hablar español y de repente este anuncio está en español, le prestara más atención al punto del anuncio”, dijo Hladek. 

    Ella añadió que estas publicaciones engañosas tienden a tomar un grano de información que puede ser verídica dependiendo del plan médico, con el propósito de confundir a los usuarios. 

    Ella recomienda ser cautelosos antes de darle click a un enlace y dar información personal. 

    Hladek también dijo que es importante no dejarse manipular por las publicaciones que dicen que solo hay pocas horas para recibir beneficios.

    “Nunca hay ninguna emergencia en internet que no pueda esperar un día” Hladek dijo. “Nunca hay nada que solo puedan obtener durante 24 horas, nunca hay nada que vaya a ser así”. 

    Otros puntos que debes tener en cuenta sobre las flex cards:

    • Solo tu representante de seguro privado puede ofrecerte una flex card, así que no le des click a los videos que prometen hacerte calificar fácilmente. 

    • Visita esta página web de Medicare para comparar planes de Medicare Advantage que ofrecen las flex cards.  

    • Puedes llamar al 1-800-MEDICARE o visitar la página web shiphelp.org, para consultar con un agente sobre los planes de seguro, incluyendo si ofrecen flex cards.

    • Contacta al Senior Medicare Patrol en tu estado para reportar un fraude de Medicare o llama a este número nacional, 1-877-808-2468, para más información sobre cómo reportar fraude en tu estado.

    ¿Como identificar información falsa en internet?

    Aprende a identificar información falsa en el internet y a verificarla a través de este curso ofrecido gratuitamente por MediaWise en Español.

    Lea más reportes de PolitiFact en Español aquí.


    Debido a limitaciones técnicas, partes de nuestra página web aparecen en inglés. Estamos trabajando en mejorar la presentación.

     



    Source

  • Here’s the secret to making the perfect roasted chicken – Paradise Post

    Beth Dooley | (TNS) Star Tribune

    Everyone loves a good roast chicken, but whole birds can be tricky to cook. The breast meat is best at 150 degrees, and tends to dry out after that. However, that’s before the dark meat has reached the perfect juicy 170 degrees. I’ve tried to remedy this by flipping the bird several times as it roasts in the pan to expose the legs and darker meat to direct oven heat, but that just gets messy.

    The answer? Spatchcocking, or butterflying, the bird, which allows the whole bird to cook evenly. It’s relatively easy to butterfly chicken, or any poultry: Remove the backbone with a kitchen shears, then flatten out and arrange the chicken in a roasting pan. (Some meat counters do the work for you and sell them already butterflied.) The breast, arranged in the center of the pan where it’s a bit cooler, will cook gently, while the legs, spread out toward the edge, are exposed to more of the direct heat, allowing the chicken to roast quickly and evenly.

    It helps to season the chicken at least an hour or so in advance, giving the meat time to absorb the salt all the way to the bone. It’s even better when seasoned a day ahead, then set to rest, uncovered, in the refrigerator so the skin dries out and will roast to a lovely brown and be crackling crisp. Before roasting, set the pan in the oven and preheat them both at the same time. The chicken will start to sizzle soon as it hits the pan.

    Once it’s cooked, let the chicken rest before carving so the juices that have been drawn to the surface by the oven’s heat will flow back into the meat. Serve the chicken over mashed potatoes, rice or pasta. Or, just tear a loaf of crusty sourdough bread into jagged chunks to sop up all those marvelous juices.

    Tarragon-Caper Spatchcock Chicken

    Serves 4 to 6.

    The chicken is roasted with fresh tarragon. Its soft licorice notes get a citrusy smack from the caper berries. Toss a handful of cherry tomatoes into the pan for pops of color. Be sure to get a plump free-range chicken; I like those from Tree-Range Farms, a local collective of farmers. From Beth Dooley.

    • 1 (4- to 5-lb.) chicken
    • 2 tbsp. hazelnut or olive oil
    • Coarse salt and freshly ground black pepper
    • 1 bunch fresh tarragon, plus about 1/4 c. chopped, plus more for garnish
    • 1 large shallot, cut into chunks
    • 1/4 cup caper berries, drained
    • 1 1/2 c. cherry tomatoes, or more to taste

    Directions

    Preheat the oven and the roasting pan to 450 degrees. Using sharp kitchen shears, remove the backbone from the chicken and set aside. Flatten the chicken by placing the skin side up on a cutting board and applying firm pressure to the breastbone. Rub the chicken with the oil and generously season with the salt and pepper on both sides.

    When oven is preheated, carefully place the chicken in the roasting pan. Put the tarragon bunch into the cavity of the chicken. (If desired, add the backbone to the pan and roast alongside for extra flavor. Otherwise, be sure to save it for stock.) Scatter the shallot, caper berries, cherry tomatoes and chopped tarragon on and around the chicken, lifting it to tuck a few of the vegetables and capers under the breast and legs.

    Roast until the thickest part of the breast close to the bone hits 150 degrees on an instant-read meat thermometer and the joint between the thighs and body registers 170 degrees, about 45 minutes. Remove the chicken and transfer to a cutting board and allow to rest for about 5 minutes before carving.

    ____

    Beth Dooley is the author of “The Perennial Kitchen.” Find her at bethdooleyskitchen.com.

    ____

    ©2024 StarTribune. Visit at startribune.com. Distributed by Tribune Content Agency, LLC.

    Source

  • UNRWA chief on what lies next for the agency as funding freezes begin to bite

    UNRWA, the largest aid provider in the Gaza Strip, will have to start scaling back its operations in the enclave as soon as March if funding freezes by key donors aren’t reversed or if new funders don’t step forward, according to the head of the agency, Philippe Lazzarini. 

    “The situation is already a total disaster in the Gaza Strip,” Lazzarini told The New Humanitarian in a wide-ranging 16 February interview, amid a humanitarian crisis in Gaza he said was of “staggering” proportions.

    “We should not forget that UNRWA remains, at least among the UN agencies, the main provider, and all the other agencies also, in reality, rely on the logistical platforms and support that UNRWA is providing in the Gaza Strip. So, [if funding isn’t restored], it would make the already miserable even more tragic, if that’s even possible.”

    Around 20 countries – including UNRWA’s top three donors: the US, Germany, and the EU – suspended funding for the agency three weeks ago. This followed Israeli allegations that 12 of its 13,000 employees in Gaza were involved in Hamas’ 7 October attacks on Israel, which killed around 1,140 people – the majority civilians – according to Israeli authorities. 

    Israel has yet to provide conclusive evidence to substantiate the claims, and the UN has launched an investigation. The funding that is being withheld amounts to nearly half of UNRWA’s operating budget, and Israel and some of its supporters are calling on UNRWA to be dismantled and replaced due to what they say are concerns about the agency’s ability to maintain neutrality. Other experts, however, argue that the challenges UNRWA faces when it comes to maintaining neutrality are the same as any other UN agency or international organisation. 

    Meanwhile, the Israeli military campaign and siege of Gaza launched following the 7 October attacks have devastated the enclave. More than 29,000 Palestinians have been killed – including nearly 21,000 women and children – nearly 70,000 have been wounded, and thousands more are missing and believed to be dead beneath the rubble of destroyed buildings, according to health authorities in Gaza. 

    Only a trickle of humanitarian assistance is being allowed to enter, and aid operations in the enclave face major barriers. The funding freeze is further threatening UNRWA’s ability to respond to needs within Gaza. Also at risk are the agency’s operations in East Jerusalem, the West Bank, Jordan, Syria, and Lebanon, where it provides education, healthcare, humanitarian support, and other services to millions of Palestinian refugees and their descendants. 

    The New Humanitarian sat down with Lazzarini to discuss the impact of the funding freeze, the campaign to dismantle UNRWA, the agency’s future, the high number of UNRWA employees killed in Gaza, and more.

    This interview has been edited for length and clarity.

    The New Humanitarian: When do you expect the full effects of funding freezes to hit?

    Philippe Lazzarini: If all the money in the pipeline is frozen, we would start to go into negative cash flow in March and we will be in deep, deep, deep, deep red in April. But it depends on a number of factors. It’s a moving target right now. It all depends on what kind of new money we might get; what kind of temporary pause of frozen money is unfrozen or being processed. But let’s assume absolutely nothing is provided to the agency, our operations would start to be compromised as from March.

    The New Humanitarian: What would this look like in practice for people in Gaza?

    Lazzarini: The situation is already a total disaster in the Gaza Strip. It’s a place where people have lost absolutely everything. They are living in extraordinarily miserable conditions. We know that food insecurity is very widespread, that we have pockets of starvation – if not famine – looming in the Gaza Strip. We are struggling and running behind when it comes to health services. We’re running behind when it comes to providing clean water. We’re running behind when it comes to providing critical items to confront the harsh weather conditions right now because we are in winter. So, basically, it would make it even more difficult, more miserable.

    The New Humanitarian: What is the plan B right now in the short term?

    Lazzarini: You should ask all those who want to weaken UNRWA. We have to put this now in the broader context: Beyond the funding issue, you keep hearing calls for UNRWA to be dismantled, for UNRWA to be replaced… I also think it is extraordinarily short-sighted. 

    Once the military operation comes to an end, we will enter a very long, protracted transition phase where we will have a deep, humanitarian need. It would be a period of misery and pain. It would be a period where the international community will not be ready to invest massively in the absence of a serious and time-bound political package. It will be the time where there might be an emerging and new Palestinian operation in authority, but clearly this authority will not be able to provide, at scale, critical services to the population.

    One of them, for example, is education. We have more than half a million girls and boys deeply traumatised in the Gaza Strip that we have to bring back in a formal and informal education framework. A new administration would not be in a position at the beginning to provide it at scale, and there is absolutely no other UN entity or INGOs which provides education to such a large number of people the way UNRWA has done it. 

    You also have the political dimension of liquidating UNRWA. This would be felt by the Palestinian community as the international community turning its back… It would also weaken their aspiration for self-determination, because by liquidating UNRWA, basically it’s also an indication that we might not be so generally committed to promoting a fair and lasting political solution [to the conflict]. 

    So what I’m trying to say here is that the implications are huge and vast. And they are not only focused on Gaza, but they’re also focused on the lifeline we are providing to the Palestinian refugees across the region: in Jordan, in Syria, in Lebanon, and in the West Bank and East Jerusalem. 

    So that is the reason why I keep cautioning about this short-sighted temptation, that, “Oh yes, okay, if UNRWA is now in this trouble, let’s find alternatives”. But there is no lasting alternative. [There] might be a very punctual alternative – and I don’t believe that it can be put in place so quickly and it would be a mistake to try to do it during the acute humanitarian response – but even if we would succeed, the medium-term, longer-term implications are also huge, and the regional implications should definitely not be underestimated.

    The New Humanitarian: So how do you foresee UNRWA’s role in the future? You’re warning that it can’t simply be dismantled, but the pressures are there – from Israeli authorities, from your donors.

    Lazzarini: Listen, UNRWA is a temporary organisation which unfortunately has now lasted for 75 years. And these 75 years are nothing else than the expression of the international community’s failure to have promoted a fair and lasting political solution. 

    Now the only alternative today – and I really hope that after this seismic transformation and tragic transformation which has hit the region: Palestine and Israel, but also beyond – that this will be the wake-up call to finally be genuinely committed to promote a political solution. We can start to talk after that about the phasing out of UNRWA, because the agency, through its vast number of civil servants, has always been geared towards handing over its services to a state and an administration, which would be the outcome of this political solution. 

    But I don’t see any alternative during the transition or the trajectory leading to this political solution. The raison d’etre of UNRWA is to provide, in fact, the lifeline to one of the most destitute and under-privileged communities in the region – the Palestinian refugees – until there is a state responsible for them in the future.

    The New Humanitarian: Let’s shift to the number of UNRWA staff killed since the 7th of October. It’s a huge number. Why have so many staff been killed? 

    Lazzarini: As of today, it’s 158. It’s a huge number. It’s a number which is also proportionate to the number of people reported killed in Gaza compared to the overall population. Many of our staff have been killed with relatives, at home, under bombardment. 

    If we look at the huge toll the population has paid, and our staff are part of the social fabric of the Gaza Strip, the numbers are absolutely staggering. We’re talking about 100,000 people in four months having been either killed, injured, or are missing. This is 5% of the population in four months. We’re talking about 17,000 children being completely orphaned having no known relatives around them.

    The New Humanitarian: Given that the attacks have also been on aid targets and UNRWA installations, do you feel that UNRWA staff in particular are being targeted?

    Lazzarini: What I know is that far too many UN premises sheltering thousands of people have been hit. We had more than 350 people killed in our shelters, thousands have been injured. We know that some of the UN premises have been used for military operations, either by Hamas or by the Israeli army, that the UN flag – despite that we were sharing all our coordinates – has been disregarded and did not provide the protection people would have expected. 

    I truly believe that we need, after the war, an independent board of inquiry to establish the facts of what happened with all these UN premises [that] were supposed to shelter or provide protection – what happened and who is responsible and who should be made accountable.

    The New Humanitarian: I understand that UNRWA has not been shown the evidence regarding the accusations that 12 UNRWA staff were allegedly involved in the 7 October attacks in Israel. Why did you take the measures you did – why fire the staff without this evidence?

    Lazzarini: That’s a good question, because I believe that not only the reputation of the agency was completely at stake, but also our ability to provide critical humanitarian assistance or our ability to provide the services to millions of Palestinian refugees. So this is the primary reason why I have taken the decision to terminate the contracts based on allegations.

    At the same time, there is an ongoing investigation, for which we are also calling for full cooperation, and somehow, it’s kind of a reverse due process. This commission of investigation will establish the facts and basically tell us what kind of answers should be given. But I felt that I had no other choice than to try to protect and to shield the ability of the agency to continue and pursue its critical work.

    I would say traditional suspension would have conveyed the message that these extraordinarily serious allegations are dealt [with just like] any other type of allegation. In reality, an allegation of having participated in the horrible October 7 massacre – it’s an unprecedented type of allegation, and this has also triggered an exceptional internal decision.

    Edited by Andrew Gully.

    Source

  • Texts Reveal Shadowy Role Witness Played In Defense Attorney’s Push To Disqualify Willis From Trump Case

    Terrence Bradley, special prosecutor Nathan Wade’s former law partner and onetime divorce attorney, testifies in court Tuesday, February 27. (Brynn Anderson/Pool/AP via CNN Newsource)

    By Nick Valencia, Zachary Cohen and Jason Morris, CNN

    (CNN) — A key witness in the push to disqualify District Attorney Fani Willis from the Georgia election case against Donald Trump had a much deeper involvement in the effort than was previously known, according to hundreds of text messages obtained by CNN.

    The 413 texts between Terrence Bradley and Ashleigh Merchant, an attorney for one of Trump’s co-defendants, reveal months of communications between the two, underscoring the extent to which Bradley assisted Merchant’s pursuit of evidence to back up claims Willis and her top prosecutor, Nathan Wade, engaged in an improper romantic relationship.

    On Tuesday, Bradley reluctantly testified for more than two hours about the romantic relationship between Willis and Wade, Bradley’s former law partner and one-time client.

    The text messages raise questions about Bradley’s credibility, and the degree to which Merchant appeared to rely on his claims that she was then unable to substantiate elsewhere. They also shed new light on his testimony and how it failed to meet the expectations of defense attorneys who had billed Bradley as the star witness in their bid to disqualify Willis.

    Megyn Kelly first reported the texts Wednesday afternoon on her Sirius XM show.

    Wade and Willis have admitted to being romantically involved, but both have testified their relationship started after Willis appointed Wade lead prosecutor in the Trump case. Merchant has alleged their relationship amounts to a conflict of interest and that there is evidence they lied about when it began.

    Citing financial statements turned up in Wade’s divorce proceeding, Merchant has claimed Willis financially benefited when Wade took her on lavish vacations after she hired him as special prosecutor. Willis has denied there was anything improper about their relationship.

    However, potentially conflicting information about when exactly the romance started remains a central issue that could still derail Willis’s prosecution against Trump.

    Bradley was supposed to clear up that point. Merchant had said that he would contradict testimony from Willis and Wade once he took the stand. But instead, Bradley said he couldn’t remember certain details and that he had been speculating over text message with Merchant when he told her the relationship “absolutely” started before Wade’s appointment.

    That remark from Bradley on Tuesday led to several heated exchanges with defense attorneys including Trump’s lead counsel Steve Sadow.

    “Why would you speculate when she was asking you a direct question about when the relationship started?” Sadow pushed.

    “I have no answer for that,” Bradley responded.

    “Except for the fact that you do in fact, know when it started and you don’t want to testify to that in court,” Sadow shot back. “That’s the best explanation.”

    Bradley’s testimony on Tuesday, when he frequently couldn’t remember details and seemed uncomfortable with the line of questioning, stands in stark contrast to the tone of his prior text messages with Merchant.

    The additional text messages show Bradley calling Merchant his “friend,” offering unsolicited advice, and also bashing Willis and Wade, Bradley’s former law partner.

    Bradley left their law firm in 2022 after allegations surfaced that Bradley sexually assaulted an employee at the firm. Bradley denied those allegations while testifying at an earlier hearing over Willis’s potential disqualification.

    Over months of texts, Bradley on a number of occasions disparaged Wade and Willis, calling them “arrogant as f” in one January text to Merchant.

    Bradley also indicated that he didn’t want to be directly connected to the allegations and expressed a desire not to be named as the initial source of the information.

    “I protected you completely,” Merchant told Bradley about the draft of her motion to disqualify. “Not that you need protection,” Merchant texted. “But I kept you out of it.”

    “I really appreciate you keeping me out of,” Bradley replied.

    Despite his desire to remain behind the scenes, Bradley provided Merchant with the names of several people he believed to have first-hand knowledge of when Willis and Wade’s romantic relationship began.

    “Subpoena them all,” Bradley says in a text to Merchant on January 7, 2024, referring to a list of names that included other prosecutors in the DA’s office, members of Willis’ security detail and others close to her.

    At one point Bradley and Merchant even discussed subpoenaing Willis’s children to confirm the existence of a romantic relationship between Willis and Wade.

    But Merchant ultimately failed to secure testimony that the relationship began before Wade’s appointment from more than one of the witnesses she discussed with Bradley and subsequently subpoenaed.

    That appears to have forced Merchant to call Bradley, himself, to take the stand despite her previous assurances.

    CNN legal analyst and former US attorney Michael Moore said it will be up to Judge Scott McAfee to decide how much weight to place on the newly filed text messages versus what Bradley said in open court on Tuesday.

    “I do think the judge can certainly give that a certain amount of credence,” Moore said about how the texts would factor into his ultimate decision of whether or not to disqualify Willis from the case.

    This story has been updated to reflect that Megyn Kelly first reported the texts on Wednesday afternoon.

    The-CNN-Wire
    & © 2024 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

    Source

  • Who sits where at the State of the Union address?




    President Biden delivering his State of the Union address to Congress (© Patrick Semansky/AP)
    President Biden delivers his second State of the Union address February 7, 2023, on Capitol Hill in Washington. (© Patrick Semansky/AP)

    The three branches of the federal government come together at the U.S. Capitol every year (except a president’s first year in office) to hear the president deliver the State of the Union address. That speech to a joint session of Congress allows the president to lay out an agenda for the coming year.

    President Biden’s third State of the Union address is scheduled for March 7. Take a look at where the president will make his remarks and where all the major players in Washington — including the first lady, Supreme Court justices, the Cabinet and media — will sit to listen to him.

    Graphic showing where people sit for State of the Union speech (State Dept./J. Maruszewski)
    (State Dept./J. Maruszewski)

    An earlier version of this story was published February 3, 2023.









    Source

  • Depopulation ALERT: Soros-Funded New York AG Targets World’s Top Beef Producer Over “Environmental Impact” — WATCH LIVE


    Watch & share the most banned broadcast in the world!

    Watch & share this explosive edition of the most banned broadcast in the world:

    Alex Jones has returned to X! Follow him at @RealAlexJones!

    Secure a limited edition autographed copy of Alex Jones’ latest book ‘The Great Awakening’ TODAY!

    Alex Jones joins Mug Club! Be a part of this new era by channeling your support HERE at JonesCrowder.com and get one month FREE when you sign up!

    Stay informed and sign up for the Infowars Newsletter HERE.

    • Save 40% on DNA Force Plus NOW! Try it today and see why so many listeners have made it an essential part of their daily routine!

    Rumble feed:

    Alex Jones is on Telegram:


    The American Journal: Illinois ‘Disqualifies’ Trump, Removes From Primary Ballot – Watch LIVE

    “The American Journal” is live every weekday from 8-11 am CST.

    Follow The American Journal on Telegram:



    Source

  • Economic Hardship: Reps Urge JAMB To Extend UTME 2024 Registration By Two weeks

    JAMB

    The House of Representatives on Thursday urged the Joint Admission and Matriculation Board to extend the 2024 Unified Tertiary Matriculation Examination registration exercise by two weeks following economic hardship.

    This followed the adoption of a motion on urgent public importance titled “Need to extend UTME registration by JAMB sponsored by Hassan Shinkafi on Thursday during Plenary.

    While moving the motion, the Lawmaker noted that the UTME registration exercise which commenced on January 15 ended on February 26, 2024, adding that as a result of the painful economic situation in the country, “many families have been constrained from registering their wards, by this timeline.”

    He said that if extension was not given by JAMB, many candidates would not be able to register and participate in the exercise and that means “There will not be a wider coverage and participation in this year’s UTME in Nigeria.

    While urging the lawmakers to intervene, Hon Shinkafi pointed out that an extension would encourage parents of less privileged students to register their wards for the exercise.

    When the motion was put into voice vote by the Speaker Hon.Tajudeen Abbas it was unanimously supported by members.

    The House, while urging JAMB to extend the registration by two weeks, also mandated the relevant committees on Education and Legislative Compliance to enforce strict compliance.

    Economic Hardship: Reps Urge JAMB To Extend UTME 2024 Registration By Two weeks is first published on The Whistler Newspaper

    Source

  • Fact Check: More efforts to stop ivermectin and hydroxychloroquine than fentanyl? Here’s why that’s wrong.

    As the U.S.’ fentanyl crisis continues, one social media user said the government has done less to stop it than it has to stop the distribution of ivermectin and hydroxychloroquine, two drugs many Americans sought to use early in the COVID-19 pandemic.

    A Feb. 26 Instagram post said, “Food for thought: Why did the government do more to stop the distribution of ivermectin & hydroxychloroquine than to stop the distribution of Fentanyl?!”

    A caption with the post read, “Imagine if the Biden administration actually focused on the things they truly mattered!”

    This post was flagged as part of Meta’s efforts to combat false news and misinformation on its News Feed. (Read more about our partnership with Meta, which owns Facebook and Instagram.)

    The Instagram post is wrong about the government’s actions on ivermectin or hydroxychloroquine distribution. Both drugs are Food and Drug Administration-approved for certain uses and are for sale in the U.S. 

    Doctors also have the authority to prescribe the drugs off label for uses other than the ones for which they are approved. That typically happens when there are no effective treatment options for a condition, such as in the early days of the pandemic before vaccines and antiviral treatments were widely available.

    The FDA in March 2020 first granted emergency use authorization for hydroxychloroquine sulfate and chloroquine phosphate as COVID-19 treatments during former President Donald Trump’s administration. 

    Hydroxychloroquine is an anti-malarial drug that is also used to treat diseases such as lupus and rheumatoid arthritis. It soared in popularity in March 2020, before it received the FDA’s emergency use authority, after Trump touted the drug as a COVID-19 treatment.

    The agency rescinded its authorization three months later after data showed hydroxychloroquine wasn’t effective in treating COVID-19 and the drug presented risk of adverse cardiac events.

    The FDA has never authorized ivermectin as a COVID-19 treatment. In humans, ivermectin is used in tablet form to treat parasites and in topical form to treat lice and some skin conditions. There is also an animal version used to treat heartworm disease and parasites.

    After some people grew interested in using the drug as a COVID-19 treatment, the FDA in 2021, under President Joe Biden, warned that studies showed the drug wasn’t effective in treating or preventing COVID-19. The warning came amid reports it received that people were self-medicating with the animal version, which is unsafe for humans.

    The FDA, however, said in a court hearing in a lawsuit accusing it of interfering with doctors’ judgment in treating COVID-19 patients that doctors do have the authority to prescribe ivermectin to treat COVID-19. In an August 2023 X post about ivermectin, the agency wrote that doctors may prescribe patients approved drugs for unapproved uses when they deem it appropriate.

    The Instagram post is also wrong to suggest that Biden isn’t trying to stop the flow of illicit fentanyl into the U.S., a problem that has plagued the country through multiple administrations.

    Data shows fentanyl overdoses remain a major problem, but that does not mean the government hasn’t expended significant money and resources on the issue.

    In 2021, 70,601 people died from synthetic opioid overdoses, primarily fentanyl, according to the National Center for Health Statistics. U.S. Customs and Border Protection data shows an increase in the amount of fentanyl seized by border authorities since Biden took office. About 27 thousands pounds of fentanyl was seized in fiscal year 2023 and more than 7,000 pounds have been seized so far this fiscal year (October through January). Experts told PolitiFact that a rise in drug seizures could signal that more drugs are flowing into the country.

    In his 2023 State of the Union speech, Biden called for a “major surge” to stop fentanyl production and trafficking, with more drug detection machines at the border and stronger penalties for trafficking.

    Biden’s proposed fiscal year 2024 budget calls for spending $535 million in U.S. Customs and Border Protection for technology, including $305 million for “non-intrusive inspection systems” with a primary focus on detecting fentanyl at ports of entry, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said in a March 2023 statement.

    Here are some other moves the Biden administration has taken in response to the fentanyl crisis:

    • In March 2022, at the administration’s request, the UN Commission on Narcotic Drugs voted to control three chemicals used to produce illicit fentanyl.

    • In July, the White House launched the Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats, an effort with more than 80 countries to coordinate approaches to battle the issue.

    • In August, Biden announced $450 million in new funding to tackle drug abuse and trafficking.

    • In October, Biden issued a $1.2 billion supplemental funding request to Congress to help stop fentanyl’s flow into the country at the southern border by providing funding for more border patrol agents, law enforcement officers and “cutting-edge inspection machines.” That money has been tied up in Congress for months after Republicans rejected a bipartisan deal that would have provided border money, along with as money for Israel and Ukraine.

    • In November, Biden announced the resumption of bilateral cooperation on counternarcotics with China, a large source of the precursor chemicals Mexican cartels use to produce illicit fentanyl.

    • In December, Treasury Secretary Janet Yellen announced a Counter-Fentanyl Strike Force aimed at cracking down on illicit financial networks that support drug cartels and traffickers.

    Our ruling

    An Instagram post’s claim that the government has done more to stop ivermectin and hydroxychloroquine distribution than to fentanyl’s flow into the U.S. is wrong. Both the legal drugs are available for prescribed and off-label uses, though the FDA warned that neither was effective in treating COVID-19. Meanwhile, Biden has made efforts to slow the flow of fentanyl. We rate the claim False.



    Source

  • What is Super Tuesday? Why it matters and what to watch – Paradise Post

    By NICHOLAS RICCARDI (Associated Press)

    The biggest day of this year’s primary campaign is approaching as 16 states vote in contests known as Super Tuesday.

    The elections are a crucial moment for President Joe Biden and Donald Trump, who are the overwhelming front-runners for the Democratic and Republican presidential nominations, respectively. As the day with the most delegates up for stake, strong performances by Biden and Trump would move them much closer to becoming their party’s nominee.

    The contest will unfold from Alaska and California to Virginia and Vermont. And while most of the attention will be on the presidential contest, there are other important elections on Tuesday.

    Some things to watch:

    DOES TRUMP KEEP ROLLING?

    So far, the Republican presidential primary has been a snoozer.

    The former president has dominated the race and his last major rival in the race, his onetime U.N. Ambassador Nikki Haley, is struggling to keep up. She lost the Feb. 27 primary in Michigan by more than 40 percentage points. She even lost her home state of South Carolina, where she was twice elected governor, by more than 20 percentage points.

    As the race pivots to Super Tuesday, the vast map seems tailor-made for Trump to roll up an insurmountable lead on Haley. His team has been turning up the pressure on Haley to drop out, and another big win could be a major point in their favor.

    Haley’s banked a considerable amount of campaign money and says she wants to stay in the race until the Republican National Convention in July in case delegates there have second thoughts about formally nominating Trump amidst his legal woes. But she’s seen some of her financial support waver recently — the organization Americans For Prosperity, backed by the Koch brothers, announced it’d stop spending on her behalf after South Carolina.

    She may not be able to afford another sweeping loss.

    DO COLLEGE GRADS KEEP TURNING AGAINST TRUMP?

    Amid Trump’s commanding wins this primary season have been a notable warning sign for November: He’s performed poorly with college-educated primary voters.

    In the New Hampshire and South Carolina primaries, APVoteCast found that college graduates picked Haley over Trump. Roughly two-thirds of voters in both states who went to graduate school after college voted for the former South Carolina governor.

    In South Carolina, Trump won the suburbs but not by the same magnitude as his dominance in small towns and rural areas, essentially splitting the vote with Haley.

    One of the biggest questions on Tuesday is whether Trump can start repairing that rupture. Weakness with college graduates and in the suburbs where they cluster is what doomed Trump in his 2020 loss to Biden.

    DOES BIDEN END DOUBTS?

    As sleepy as the Republican presidential primary has been, the Democratic one has been even quieter. Biden has many political problems dragging him down in public opinion polls, but not, so far, at primary polling stations.

    The one speed bump came in Michigan, where an organized attempt to vote “uncommitted” in the primary there to protest Biden’s support of Israel during the war in Gaza garnered 13% of the vote, a slightly higher share than that option got in the last primary under a Democratic president.

    There are no similar organized anti-Biden efforts on the Super Tuesday calendar, just the president’s two longshot primary opponents who’ve yet to crack low single digits against him, U.S. Rep. Dean Phillips of Minnesota and self-help author Marianne Williamson, who revived her campaign after receiving a surprise 3% of the Michigan primary vote.

    WHAT HAPPENS IN CALIFORNIA’S SENATE RACE?

    There’s far more than the presidential primaries on the ballot Tuesday. One of the most consequential contests is the California primary for the U.S. Senate seat left open by the death of Democratic Sen. Dianne Feinstein.

    Source

  • How do you escape the war? Three young men’s stories from Sagaing, Myanmar

    Myanmar’s February 2021 military coup sparked a humanitarian, economic, and human rights crisis across the country. Peaceful protests soon evolved into an armed uprising, to which the military has retaliated with a scorched-earth campaign targeting not only armed combatants but also their civilian support base.

    Sagaing, a formerly peaceful region in the country’s agricultural heartlands, has borne the brunt of the military’s violence. Since the coup, the region has been a hotbed of armed resistance, and the junta has retaliated with airstrikes, arson, and mass killings. Nearly half of the roughly two million people internally displaced across Myanmar since the coup are from Sagaing, according to the UN, which found that Sagaing also faces some of the country’s most acute food insecurity.

    Even for those who manage to flee, there is little respite. As the military works to cut off the movement of supplies and personnel to the armed resistance, it has subjected people from Sagaing to particular scrutiny, leaving host communities afraid to associate with them and making it difficult for them to find jobs or housing.

    Then last week, the junta – facing an unprecedented battlefield challenge from armed opposition forces – announced a mandatory conscription law for young men and women across the country.

    The New Humanitarian spoke recently with three young men from Sagaing. All were teachers in the state school system before the coup and joined the countrywide Civil Disobedience Movement (CDM) soon after. Now scattered domestically and abroad, they are still struggling to find safety and a means of survival. Due to the risks of military reprisals, they have been given pseudonyms.

    ‘I used to only hold chalk, and now I have to go up and down the mining site’ – Aung, aged 36

    When the coup happened, Aung was living with his wife and two children in his native Kanbalu township and working as a middle school principal. He joined the CDM four days later and returned to his village soon after.

    Within months, war was at his doorstep. “Heavy weapons were falling and homes were burning,” he said. “We had to flee into the forest and live in a tent.”  As the fighting continued to intensify, the family fled the village altogether and began staying with friends and relatives in towns across the region. In August 2022 they moved in with Aung’s in-laws.

    There, they were able to escape the fighting, but Aung struggled to find work. After three months, he headed north to Hpakant, Kachin State, to try his luck in the world’s most lucrative jade mines.

    It took him six days to get there. Armed clashes left him camping by the side of the road. He also had to pass through military checkpoints. “I was the only one male among the passengers, so they looked through all my belongings and inspected me in many ways, including by taking off my clothes,” he said.

    When they noticed the prefix “5/”, which signifies a Sagaing native, on his National Registration Card, he faced further problems. “Because I am ‘5/’, they really checked me thoroughly for a long time,” he said.

    Finally reaching Hpakant, he moved into a roadside tent with other migrants from Sagaing and began working as a yemase. The term, which translates literally to “unwashed”, refers to the muddy stones for which informal miners clamber, with the hope of claiming a share of the wealth from mines that generate billions of dollars annually.

    But while the mines have lured hundreds of thousands of people over the past two decades, nearly all of the wealth has ended up in the hands of business elites with close ties to the military and armed groups, while yemase like Aung are left scavenging through waste heaps prone to deadly collapse.

    The situation has become even more desperate since the coup, which not only drove a collapse in the country’s formal economy, but also in its rule of law. Migration from Sagaing has particularly increased, according to local media, which also found that these newcomers are especially vulnerable. When a mining site collapsed during the rainy season last August, the largest population among the 42 people left missing was from Sagaing.

    Although Aung has managed to stay safe, he said he is barely getting by. Inexperienced at searching for jade, he only found three big rocks in his first nine months. He sold them for a million kyats ($477) in total but had to give half the profits to his boss in exchange for food and accommodation.

    “It’s really difficult living like this because I used to only hold chalk, and now I have to go up and down the mining site and sometimes even run to escape landslides,” he said. “If I tried to explain all of my difficulties, there would be no end.”

    Fighting has at times broken out between the military and resistance forces, leaving him hiding inside his tent until the sounds of gunfire subside. Once, he narrowly escaped being crushed when a mining company vehicle drove into his tent. Not knowing who he can trust, he also rarely leaves his mining site. “Because my ID says 5/, I don’t travel anywhere and it’s even difficult to greet people I don’t know,” he said. 

    Still, he feels better off than back home, where a military airstrike in his township last April killed at least 145 people. “It is Myanmar, so nowhere is safe,” he said. “But compared with Sagaing, at least I have a place to live and food to eat.”

    He also maintains his commitment to the CDM. “I’m really struggling, but I will be satisfied if I have made this sacrifice for the people. My difficulties will be worth it.”

    ‘Even when I was crossing my own country, I had to travel like a thief’ – David, aged 37

    When the coup happened, David was a classroom and physical education teacher at a government high school in his native Tamu, a town on Myanmar’s western border with India. He joined the CDM three weeks later, before fleeing in March 2021 to his sister’s house in a nearby village.

    David was relatively safe there for a while, until rumours started spreading that he had used his experience teaching sports to train youth for the armed resistance movement. “That fake news became a bigger issue than my joining the CDM,” he said.

    In October 2021, he fled across the border into Manipur, India, where he spent the next year and a half as a day labourer on construction sites but had to stop when tensions between Manipur’s ethnic Meitis and Kukis erupted into mob violence.

    “Sometimes, I had to flee the house that I had rented and hide in the forest, so it became difficult to find work,” he said. “I couldn’t even go outside much because I didn’t have any documents.”

    India does not legally recognise refugees, and although the border state of Mizoram has nonetheless taken in tens of thousands of Myanmar nationals since the coup, Manipur has routinely arrested them with the encouragement of the chief minister.

    The situation has only worsened amid the current conflict, as authorities attempt to deflect longstanding political grievances among the state’s warring communities and instead blame refugees from Myanmar for provoking the crisis. In August, authorities in Manipur began collecting the refugees’ biometric data, in what many feared was an attempt to further remove them from the state. “It was really scary for us as refugees,” said David. “If we didn’t participate in the biodata collection, the ward authorities came and angrily told us we weren’t allowed to stay.”

    In September 2023, he decided to flee again – this time, for Malaysia. It is a route taken by tens of thousands of people from his ethnic Chin minority over the past three decades, many later resettling in third countries as refugees.

    To get there, he faced an overland journey of nearly 2,000 miles with hazards at every step. Fresh clashes between the military and resistance forces at the Tamu border left him struggling to find a driver willing to take him back into Myanmar. After finally hiring a motorcycle driver, he had to pause and sleep on the roadside to avoid military checkpoints.

    Reaching the town of Kalay in the Sagaing region, his options for road travel further diminished due to the conflict so he boarded a flight to Yangon instead. With money borrowed from his sister, he then hired smugglers to take him the rest of the way. “Even when I was crossing my own country, I had to travel like a thief,” he said. “Sometimes, when there was a surprise check on the road, we got out of the car and hid in the forest. There was also no food along the way, and sometimes I wasn’t even allowed to urinate.”

    Nearing the Thai border, he walked for hours through the jungle, and then boarded a crowded van that drove through the night. “We couldn’t say anything, and we didn’t know where they were taking us,” he said.

    Finally, he did reach Kuala Lumpur, but only to face a new set of troubles. Lacking legal status, he now works as a kitchen helper just to survive. “I have to force myself to do this work because I’m in another country,” he said. “In the past, I used to ask students to do things, but now the situation has completely changed. Sometimes, I’m crying inside.”

    Although he applied for protection through the UN’s refugee agency, UNHCR, he has so far not received any response. In the meantime, he is particularly vulnerable to arrest. Malaysia is not a signatory to the 1951 Refugee Convention and has deported hundreds of Myanmar nationals since the coup.

    With immigration authorities frequently raiding workplaces and immigrant housing areas, David is always on alert. “I don’t feel safe at my current job because my employers told me that if there was a problem, they wouldn’t take responsibility,” he said. “I walk quickly on the way so as not to encounter any police.”

    ‘When I said I was from Sagaing, people wouldn’t accept me’ – Thet, aged 32

    When the coup happened, Thet, a former government school teacher, was living with his parents in Sagaing region’s Taze township and working on his master’s thesis, with a plan to become a college tutor after completing his degree.

    Instead, he joined the CDM and participated in street demonstrations, until the military started shooting protesters across the country. “The situation gradually deteriorated, and the youth started gathering, collecting weapons, and taking up arms,” he recalled.

    Over the following months, the military scaled up its surveillance and arrests, at times abetted by local informants. In one incident, they killed four civilians in Thet’s village and burnt down homes and property, including his family’s rice mill.

    By the end of the year, village raids and arson attacks had become frequent occurrences. “Soldiers were coming into the village early in the morning and at night, and we had to flee. I fled my village eight times because of soldiers coming in,” said Thet. “I didn’t have peace of mind, because they were burning houses, and we could see it from a distance… but we couldn’t do anything.”

    With Thet being a young man and a member of the CDM, his parents became increasingly worried about his safety and encouraged him to flee. So when a family he knew in Tachileik, a bustling town on Myanmar’s eastern border with Thailand, offered him a place to stay, he decided to go.

    He completed the 600-mile trip without incident, but couldn’t find a job when he arrived, even when responding to vacancies posted on Facebook (Meta) that called for workers in Tachileik. “When I said I was from Sagaing, people wouldn’t accept me,” he said.

    And although he felt uncomfortable staying with his host family for so long, he faced the same issue when looking for a room to rent. “Wherever I went, when I said I was from Sagaing, people didn’t want to rent to me, because they knew that it could bring some problems on them to be associated with me.”

    Still, he initially avoided one of the main industries in Tachileik: its online gaming businesses and casinos. Since the coup, many of these facilities have become fronts for industrial-scale scams whereby fraudulent online identities are used to lure people around the world into romantic relationships and then convince them to invest in fake cryptocurrencies.

    The industry, reportedly worth billions of dollars, relies heavily on both domestic and transnational human trafficking. A UN report published last August found that around 120,000 people had been trafficked into the industry in Myanmar alone, many of them subjected to torture, beatings, and sexual violence while being forced to scam victims.

    “When I was searching here and there for work, I was really worried,” said Thet. “I had heard about human trafficking and cryptocurrency scams, and I didn’t want to do that kind of work.” But after more than six months of searching for other options, desperate for an income, he finally conceded and applied for a job with an online gaming company.

    Luckily for Thet, he wasn’t trafficked. His job, as a customer service agent, came through as advertised. But after a few months, he was sent to Kawthaung, a coastal city nearly 1,000 miles away on Myanmar’s southernmost point. There, he worked 12-hour shifts – sometimes all day and sometimes all night – helping customers from the Philippines to deposit and withdraw money from their gaming accounts.

    Fourteen months later, he was reassigned to Tachileik, where he observed that the pattern in new workers has followed the pattern in conflict and displacement across the country.

    “At first, when there was a lot of fighting in Sagaing and Magway… there were many young people from Sagaing and Magway at the worksites,” he said. “Later on, there were more crises across the country, so many people started coming here from various areas, backgrounds and communities.”

    Although he is unhappy at his current job and worries constantly about his family, he knows he cannot go back. “All the shops were closed and the roads were destroyed,” he said. “It’s like a completely broken town.”

    JC is the artist name for an illustrator from Myanmar’s Kayin community. Edited by Ali M. Latifi and Andrew Gully.

    Source